A partir de la década del 60 se observó un paulatino despoblamiento de las zonas rurales del Perú. Los provincianos migraron a las ciudades más grandes de la costa a causa de la falta de posibilidades en sus zonas de origen: los centros de estudios se encontraban en las ciudades, y la agricultura y la ganadería se venían deprimiendo cada vez más.

El abandono del campo se acentuó en los años 80 con el fenómeno de la subversión que desplazó a miles de pobladores rurales hacia las ciudades. Nacen así los asentamientos humanos a los alrededores de las grandes urbes de la Costa.

Este movimiento de gente incrementó la población y generó la creación de nuevos comercios en las ciudades, con problemas sociales adjuntos: crecimiento urbano desordenado, delincuencia, abandono y desocupación. Es así como Lima llegó a hospedar a más de un tercio de la población peruana siendo los distritos más poblados aquellos que se encuentren en la periferia: zonas habitadas en su mayoría por migrantes provincianos.

Con la presente pandemia y la paralización de las actividades económicas, por un lado, una gran parte de connacionales ha perdido el trabajo, por el otro, se ha puesto en evidencia el potencial de la agricultura como actividad productiva. De este modo, parte de los migrantes provincianos de las décadas pasadas ha visto el retorno a sus lugares de origen como la solución temporal a esta gran crisis.

Nace así la oportunidad de articular un crecimiento ordenado a través de la promoción del retorno a las zonas rurales.

¿Cómo sería un Programa de Retorno Urbano-Rural?

A grandes líneas, el migrante puede querer involucrarse en la actividad agraria o comercial. En el primer caso, es necesario articular con los gobiernos locales y regionales, así como con las organizaciones de productores y empresas agroexportadoras con el fin de fortalecer el acceso y creación de mercado para los productos agrarios, además de crear la posibilidad de acceder a financiamiento mediante un fondo agrario dirigido a los retornantes. En el segundo caso, es necesario que se difundan fondos No Reembolsables del Ministerio de Cultura y del Ministerio de la Producción, así como préstamos Reembolsables a través de las Cajas Municipales y Rurales con el fin de promover el surgimiento de nuevos emprendimientos en las zonas rurales.

Asimismo, es necesario ofrecer al poblador rural beneficios de protección social adecuada para vivir en condiciones dignas que no estén condicionadas al trabajo formal ni a la pobreza extrema.

A nivel social, algunos temas que se deben abordar con urgencia para incentivar al retorno son la falta de conectividad, la salud mental y la violencia de género.

Un –no tan- nuevo enfoque de desarrollo rural integral

El suceso de las políticas promovidas en los años 90 basadas en al aumento de la productividad y el fomento de las agroexpotaciones no ha puesto fin a las carencias de las zonas rurales, por lo que los agricultores se mantienen pobres, atrasados, sin acceso a servicios básicos, con fuertes episodios de violencia de género, limitada escolaridad e influencia política. Las brechas sociales entre la ciudad y el campo se mantienen vivas.

Para permitir que los pobladores rurales salgan de la pobreza es necesario asegurar el acceso al mercado de productos agrarios de calidad, lo cual involucra, además de los servicios ya existentes (agrícolas, forestales y pesqueros), la articulación con otros servicios como transporte y comunicaciones, bancarización y vinculación con el comercio exterior. Pero también es necesario considerar las necesidades básicas que surgen en el transcurso de la vida y que llevan al individuo a ser capaz de mejorar su situación o salir de la pobreza. Carolina Trivelli lo tuvo muy claro en la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con un enfoque que responde a problemas que surgen en cada etapa del ciclo de vida.

Actualmente, el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2021 es el único instrumento normativo que fomenta la dimensión territorial y sostenible del desarrollo rural, invitando a la participación de diversos sectores para que ejecuten sus compromisos en las áreas rurales. Sin embargo, no cuenta con un presupuesto propio que permita lograr la institucionalidad necesaria para la articulación y seguimiento de las metas planteadas. Asimismo, las décadas pasadas demuestran que sin participación y compromiso local, regional y multisectorial, no se llega a la sinergia requerida para que cualquier planificación llegue a ser coherente e eficazmente implementada.

En el pasado, el intento más cercano hacia una estrategia multisectorial se tuvo en el 2004 con la Política Nacional de Desarrollo Rural que miraba a ser el proyecto que diera rumbo al trabajo multisectorial con miras a mejorar la situación de las poblaciones rurales. En este caso, no se tuvo éxito por tres razones: la falta de una definición de ruralidad, la falta de metas e indicadores medibles para su seguimiento y la falta de responsables para su ejecución (Fort, Remy y Paredes: 2014).

De este modo, actualmente no hay ningún órgano del Gobierno que tenga la función de articular el desarrollo rural de manera integral.

¿Qué se podría hacer a corto plazo?

Considerando la migración interna originada por el COVID19, los 50 últimos años de políticas agrarias y la ineficacia de las políticas sectoriales para afrontar la pobreza rural, se abre una gran posibilidad de aprender del pasado y aprovechar el presente para mejorar el futuro.

Pensar en una Estrategia de Retorno Urbano-Rural podría promover que los migrantes recién retornados o que aspiran a hacerlo encuentren los servicios necesarios en el campo para poder desarrollarse como seres humanos en condiciones adecuadas y no volver a escapar de la pobreza que caracteriza las zonas rurales.

A nivel de políticas, considero que es necesario trabajar en la formulación de un único instrumento presupuestal que acompañe a los planes vigentes pero incluya mucho más que a la valiosa agricultura familiar, promoviendo la coordinación intersectorial y considerando las carencias de los pobladores rurales en todas sus dimensiones.

Para la formulación de un gran instrumento normativo y presupuestal es indispensable que sea un proceso participativo desde los diferentes sectores hasta los gobiernos locales, el sector privado y, sobretodo, la sociedad civil. Además, es oportuno evaluar y aprender de las lecciones del pasado en cuanto a la percepción de la realidad rural.