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foto tomada de la revista 15 minutos

El peligroso acecho del extremismo en las próximas elecciones

Publicado: 2020-06-18

Sin tener en cuenta la diversidad de nuestro territorio y la falta de capacidades de los gobiernos locales, la gestión de la cuarentena a nivel nacional ha sido desastrosa. Muchas familias se han podido refugiar en la agricultura, otros tantos no. Un par de semanas eran suficientes para entender que el Perú no puede ser manejado como si fuésemos un solo pueblo. Si seguimos sin aprender de los errores del pasado, va a ser difícil salir del hoyo en el que estamos metidos y que esta pandemia ha puesto al descubierto: lo sabíamos.  

Somos únicos en el mundo donde ni replicar una política “primermundista” ni acatar una normativa global sería del todo eficiente si no consideramos las especificidades de nuestro territorio y de nuestras poblaciones. 

A diferencia de lo que se dice, no considero que el peruano sea un ciudadano ignorante. El conocimiento nativo, por ejemplo, es impresionante y es tan importante cuanto manejar un castellano perfecto y entender de economía: la incomprensión viene de un sistema político que no toma en cuenta la sociología y la antropología, por no hablar de la psicología y de la historia misma.

Son las mismas personas quienes se han visto expuestas a carencias del sistema de salud, a enfermedades y peligros, a la falta de servicios básicos y a la falta de una casa digna para afrontar este periodo de cuarentena: es este grupo social a quienes tuvo que apuntar el Gobierno en busca de la obediencia y la eficiencia del distanciamiento social. Por un lado, en las zonas urbanas la población, saliendo a las calles, ha respondido claramente a la pregunta si optar por la incertidumbre del contagio o la certeza de no tener qué comer el día siguiente. Por otro lado, las zonas rurales del Perú son espacios donde la información llega a duras penas y se canaliza a través de la radio local (donde llega la señal). El sistema de salud es precario en su máximo esplendor, la Internet es escasa, el sistema de transporte y de educación reflejan abandono. 

Esto, sumado a la distancia cultural, crea diversas posibilidades de pensamientos respecto a la política que viene adoptando el Gobierno, así como surge la posibilidad de que líderes conflictivos, grupos armados o traficantes ilegales difundan un discurso que deslegitimice el rol del Estado, a través del apoyo y acercamiento que los pobladores necesitan en un momento en el que se sienten abandonados. La similitud con los últimos años de los ochenta debe ser considerada.

La indignación por los efectos del COVID-19 y la percepción de que los gobiernos no lo están manejando en forma adecuada ha desencadenado la desesperación y agitación social. Las reglas no están claras, se ha ido comunicando de modo ineficiente, creando la percepción de que se gobierna para las empresas y no para el ciudadano. Lo que en otros países llaman desconfinamiento y va de la mano con una estrategia de comunicación, en el Perú se llama reactivación y va de la mano con protocolos de activación económica. El punto no es criticar un programa que está destinado a flexibilizar créditos reembolsables para las empresas que aportan en mayor medida al PBI, el problema está en comunicárselo al pueblo -a esa mayoría de peruanos que vive de las micro y pequeñas empresas- como si fuese una medida destinada a aliviar sus carencias y, a su vez, no velar por la eficacia de los programas de asistencia social que se mostraron excelentes en la planificación y desastrosos en la ejecución. A esto se le suma que los países que están reactivando sus economías lo hacen porque la ola de contagios se frenó, mientras que en el Perú se basa en la presión empresarial: creando la sensación de que la cuarentena, el hambre y la angustia no han servido para nada. Otro tema que debe ser desmentido por el Gobierno para aliviar el sentimiento de decepción.  

Además, queda vivo el recuerdo, por un lado, de los recientes conflictos de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo que llevaron al cierre del Congreso; y por el otro, de la lamentable historia de corrupción que seguimos afrontando desde hace varios decenios y que ha visto juzgar o condenar a todos los últimos presidentes (con excepción de Paniagua). Al respecto, las fuertes denuncias a nivel regional y local que no llegan a ser reportadas por la prensa en Lima, son una constante en las radios locales del interior del país. La cereza en el pastel de la corrupción son los despreciables actos relacionados con las compras y procesos en el actual estado de emergencia. 

Las consecuencias económicas, la desconfianza y la indignación de la población hacen que las relaciones entre el Gobierno y los ciudadanos se quiebren, por lo que no debe sorprender que grupos extremistas lleguen a zonas colmadas de sensación de injusticia y abandono, en particular modo en un momento en el que la movilidad está restringida y no se logra registrar fácilmente el acercamiento de líderes ideológicamente radicales con intereses relacionados con las próximas elecciones. 

La inesperada elección de partidos como el evangélico Frente Popular Agrario (Frepap) y como el partido de carácter ultranacionalista e indigenista Unión Por el Perú, en las elecciones congresales del 2019, comunicó un deseo de cambio por parte de los electores. Esto pone en evidencia que el sentimiento de injusticia y descontento social ha llegado a niveles democráticos, lo cual tiene un notable mérito respecto a la representación y a la rendición de cuentas de un régimen.

Será en las elecciones del 2021 cuando se verán las consecuencias políticas de esta crisis, donde se ve un Gobierno que hace lo posible en un sistema degradado, pero falla en comunicar, creando esperanza e ilusionando a un pueblo herido por el sentimiento de continua traición por parte de quienes recibieron su voto.



Escrito por

Verónica Gavidia

Gestora Pública. Socióloga y empresaria. Reflexiono sobre política, sociedad y economía. Curiosa del mundo y amante de la naturaleza.


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