Son tiempos difíciles para la humanidad, y, en especial, para los ciudadanos de países con economías frágiles.

Nuestro futuro como sociedad deriva de la confianza -sin precedentes- en las decisiones que tomen el presidente Vizcarra, sus ministros y asesores.

En el Perú, la situación se complica debido a la falta de control social y a la alta presencia de informalidad laboral que ha creado un grupo bastante amplio sin ningún tipo de seguridad social. El COVID19 pone en evidencia que la informalidad es una condición que pone en riesgo a la mayor parte de los ciudadanos. 

Se observa un importante esfuerzo del Gobierno a favor de la reactivación empresarial. Considerando el rol de las empresas para la creación de puestos de trabajo y para sostener la economía a nivel macro, el gobierno ha instaurado una serie de herramientas con el objetivo de asegurar la continuidad de la cadena de pagos a través de las empresas. Sin embargo, al favorecer políticas enfocadas en el mercado respecto a aquellas enfocadas en el ciudadano, se deja a gran parte de la población sin beneficiarse de ellas.

LA CRISIS DEL SECTOR INFORMAL

Respecto al perfil de trabajador que predomina en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 70% de la población económicamente activa (PEA) trabaja en condición de informalidad. Mientras que más del 80% de las micro y pequeñas empresas (MYPE) no están inscritas en SUNAT.

Es en esta realidad, de escasez de derechos laborales para el 70% de la población económicamente activa, que vemos llegar un virus que está dejando a muchos trabajadores en casa, algunos en su condición de independientes y otros expuestos a ser “abandonados” por sus empleadores, que a su vez se han visto afectados por la falta de producción y de consumo. Son personas que trabajan en diversos sectores, que no se encontraban en una condición de vulnerabilidad antes de la cuarentena, de diversas nacionalidades, edades y nivel socioeconómico, por lo que ningún subsidio focalizado podría identificar a la totalidad de esta nueva población vulnerable.

“NO TENGO DERECHO A NINGÚN BONO”

Los tres bonos que ha otorgado el Gobierno tienen como límite, aparte del injustificable retraso en su ejecución, su focalización, debido a que va dirigido a familias categorizadas por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como vulnerables con bajos ingresos en un escenario previo a la crisis actual, por lo que no toma en consideración el nuevo grupo de trabajadores que han pasado a una situación de vulnerabilidad debido a la falta de ingresos como consecuencia de las medidas de distanciamiento social del COVID19. Los beneficiarios que identifica el SISFOH son un grupo social desventajado para otro tipo de situaciones que no son necesariamente las que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, las familias agricultoras no están teniendo el mismo impacto que las familias que se dedican al turismo. Hemos visto también que el empadronamiento del SISFOH no ha sido actualizado por lo que beneficia a familias que han logrado mejorar su situación socioeconómica.

1. Bono Quédate En Casa: Subsidio de 380 soles, que después aumentó a 760 soles, otorgados por el MIDIS mediante Decreto de Urgencia N°027-2020 del 16 de marzo, a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema identificados por el SISFOH, que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el MINSA.

2. Bono Independiente: Creado mediante Decreto de Urgencia N°033-2020 publicado el 27 de marzo, otorga un subsidio de 380 soles, con un presupuesto de más de 300 millones de soles, a hogares vulnerables con bajos ingresos identificados por el SISFOH, así como en personas naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse frente a los efectos del COVID-19. 

3. Bono Agrario: Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°042-2020 del 19 de abril, es un subsidio de 760 soles para las familias del ámbito rural en condición de pobreza o pobreza extrema identificados por el SISFOH, y que no hayan sido beneficiarios del “bono independiente” o el “bono quédate-en-casa”.

SOBRE REACTÍVATE PERÚ

Por su lado, el programa REACTÍVATE PERÚ, creado mediante Decreto Legislativo N°1455 del 6 de abril, implica un alivio para las MYPE si se llega a aplicar en modo eficiente. Sin embargo, no irá a beneficiar a la gran mayoría de trabajadores.

El monto prestado, que corresponde a la facturación de un mes de ventas promedio del 2019, servirá para mantener “viva” a la empresa por algunos meses, cumpliendo con los gastos fijos improrrogables, más allá de pagar sueldos de los días no trabajados de una gran masa de trabajadores informales.

Asimismo, más de la mitad de las MYPE son informales, por lo que, al no tener acceso al sistema financiero, no pueden ser parte de este programa de reactivación. Estas empresas suelen ser emprendimientos personales o familiares, siendo parte de la gran masa de trabajadores informales de nuestro país.

REFLEXIONES PUNTUALES

1. Las personas de menos recursos están propensas a no acatar la regla de cuarentena y es ahí donde se tiene que enfocar el gobierno.
2. Es fundamental tener en cuenta el perfil de nuestra población para afrontar la crisis en modo eficiente.

3. Los instrumentos están demorando en ser implementados y las autoridades no están siendo claras al momento de explicar las medidas. La población tiene expectativas que, después de semanas, no son ni entendidas ni satisfechas, creando desesperación.

4. Uno los grandes retos a abordar en el próximo "nuevo inicio" deberá ser invertir recursos en diseñar una adecuada reforma del sector laboral, en búsqueda de la protección social de los trabajadores peruanos, sin perjudicar el surgimiento y la competitividad de nuevas y pequeñas empresas.

5. Uno de los motivos que desincentiva la formalización es que sus beneficios no parecen compensar el costo que implica para las empresas. 

6. Las personas se están quedando sin liquidez. Las empresas han dejado de pagar sueldos, el gobierno carece de control social, y, más allá de contraer el consumo, se puede crear un gran estallido social.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Optar por la cuarentena no ha sido decisión fácil para ningún país. Varios países se han demorado en tomar esta decisión, otros la han tomado con reservas, y otros han decido no tomarla a pesar de la cantidad de contagiados. Estos grandes líderes han decidido no optar por la cuarentena total debido a la gran catástrofe económica que esto implicaría.

La incapacidad de gasto de los gobiernos locales y regionales es una triste verdad, por lo que es importante invertir conscientemente el dinero que se tiene a disposición -que nos ha costado años de carencias en servicios públicos-, en medidas de corto, mediano y largo plazo, de modo de asegurar que la inversión pública volverá al “público”: las decisiones tomadas ahora irán a marcar nuestra historia.

Vivimos en una sociedad gobernada por el individualismo y la segmentación. El gran reto es crear un nuevo modelo fruto de lo que el COVID19 nos está enseñando como sociedad y como especie. Es necesario trabajar por una reforma del sistema de protección social que tenga en cuenta al trabajador como ciudadano de un Estado y titular de derechos y deberes, y no solo en cuanto trabajador formal titular de ellos. Esta reforma debe ir acompañada de la mejora de los servicios públicos.

La opción de un bono para todos los peruanos perjudicados debe ser tomada en consideración, debido a la dificultad en identificar específicamente a la nueva población vulnerable en tiempos de COVID19. De este modo, se podría beneficiar a aquellos que no reciben algún salario, beneficio social o bono focalizado del Estado. 

La necesidad de salvar a la población que no ha pagado impuestos con el dinero de quien si lo ha hecho molesta a algunos ciudadanos. Sin embargo, el subsidio "nacional" -cuya definición habría que diseñar- es necesario no solo por motivos de humanidad y empatía relacionados al hambre y a la desesperación, sino también, para prevenir conflictos sociales, aumento de delitos, saqueos y violencia, contagios de COVID, desobediencia social, difusión de otras enfermedades y desnutrición.